Tuiteó ayer Milena Ang:

“Me parece una victoria porque es excelente que SCJN reconozca la afectación a terceros y se repare (o disminuya) el daño pero pienso en las consecuencias de luchar contra la corrupción a través de amparos y me parece abrumador … me parece como que esta victoria indica la derrota en casi todos los otros procesos de buen gobierno. [...] Me parece triste tener que gobernar a través del poder judicial.”

Seguramente no le hago justicia al argumento porque me robo tuits -que limitan la argumentación a 140 caracteres. De tener la oportunidad de escribirlo de corridito Milena lo haría aún mejor, pero vale la pena retomar la idea y lo que implica no solo en el caso de Mexicanos Primero, sino en general. Acudimos al poder judicial para ser oídos. ¿Por qué?

Los ciudadanos no nos sentimos representados en el poder legislativo aunque debería ser ahí en donde se deliberara tomando en cuenta nuestros intereses y preferencias. La sociedad civil organizada puede intentar dialogar con los legisladores para lograr incidir en la agenda pública, pero es ignorada la mayoría de las veces.

El ejemplo que tengo más claro es el de las candidaturas independientes. Si bien ya existe la figura del candidato independiente, los legisladores la regularon en el COFIPE de manera tal que los partidos mantienen una ventaja absurda frente a los candidatos que no tienen partido.

Durante el mes de enero, cuando los aspirantes a candidatos independientes hicieron campañas de recolección de firmas, los aspirantes intentaron acercarse al INE o a las instituciones electorales locales, pero todas (o la mayoría) de sus peticiones y argumentos fueron desoídos o rechazados. Ante esto, el día de hoy, sé de al menos seis aspirantes a candidatos independientes en el Distrito Federal que ya han iniciado procesos legales.

El trabajo que les costó registrarse y la recolección de firmas es necesario para evidenciar el mal diseño de la ley, pero no es suficiente para cambiarla. No lo es porque no han logrado siquiera hablar con legisladores que podrían cambiarla, y porque de hablar con ellos pocos creen que habría algún impacto.

¿Qué queda? Queda el camino legal. Acudir ante el juez es el camino largo para lograr una legislación que refleje lo que la ciudadanía quiere y de hacer respetar los derechos fundamentales. Qué bueno que exista esa opción, pero tengo que coincidir con Milena en querer tener un sistema que funcionara bien antes de demandar o solicitar amparos. Nuestros representantes deberían escucharnos antes de acudir ante un juez.

Veamos qué tan potente es esta ruta para ser oídos y lograr bajar las barreras de entrada a la boleta.