Ayer leí que fue encontrado el cuerpo de Moisés Sánchez, periodista que editaba el semanario La Unión en un municipio de Veracruz. No se sabía nada de él desde el 2 de enero, cuando un grupo armado lo sustrajo de su casa. Los detalles del caso pueden leerse en esta nota.

Es una tragedia triple. Primero, por la muerte de Moisés. Parecería obvio pero vale la penar ponerlo en negro sobre blanco en estos días en los que los muertos son tantos y tan rápido olvidados.

En segundo lugar, porque se trata de un periodista. De hecho, se trata del décimo primer periodista que asesinan en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. La muerte de un periodista debería de generar malestar porque no sólo muere la persona, sino que se atenta contra la libertad de expresión y contra nuestro derecho a saber qué es lo que pasa. Esto es especialmente cierto cuando se trata de reporteros que nos informan de lo que hacen los servidores públicos.

Moisés publicaba en su periódico notas en las que denunciaba si los servicios públicos no funcionaban, la violencia que se vivía y la corrupción que había. Periodista/activista social. Un trabajo por el que no recibía ni dinero ni protección.

Como sociedad hemos de darnos cuenta de que necesitamos periodistas que sirven para que los servidores públicos -los que trabajan para nosotros- nos rindan cuentas. Una manera de reconocerlo es pagando por la información que recibimos, con lo que ganamos que los periodistas trabajen para nosotros y la otra es denunciando cuando pasan este tipo de casos para presionar a que haya protección y justicia.

La tercer arista del problema es que el presunto autor intelectual es el presidente municipal de Medellin de Reyes, el panista Omar Cruz. En la versión de los hechos que circula, el presidente municipal y su escolta habrían contratado a un grupo de personas para deshacerse del periodista a cambio de garantizar su protección para que distribuyeran drogas en la zona. Se trata una vez más, de una coalición entre la autoridad y el narcotráfico.

Un municipio más donde no sabemos para quién trabaja la autoridad, un municipio más que nos lleva a las preguntas necesarias: ¿cuántos municipios más están bajo las mismas circunstancias? ¿Por qué desde los gobiernos locales piensan que se puede matar gente y que no habrá consecuencias?  ¿Cuántas víctimas hay de las que no sabemos nada? y ¿es este un fenómeno que se da sólo en los gobiernos locales?