Se dice que lo que no se mide no puede mejorarse, principio básico en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Sucede sin embargo que en México medir no es suficiente. El estancamiento o falta de resultados es claro, pero hay razones para dudar de qué es lo que estamos midiendo.

Pienso por ejemplo en la reducción de la pobreza, en 2012, según CONEVAL, el 52.3 por ciento de la población vive por debajo de la linea de pobreza, casi el mismo porcentaje que diez años antes.  Los otros indicadores -pobreza alimentaria y pobreza de capacidades- se encuentran en la misma situación.

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Igualmente si vemos los datos de seguridad, no es difícil concluir que los resultados no han sido satisfactorios. Incluso cuando las estadísticas oficiales han mostrado una ligera reducción en el número de homicidios, por ejemplo, no hay nada que celebrar.

Número de homicidios por año según el INEGI:

2007             8,867

2008             14,006

2009             19,803

2010              25,757

2011               27,213

2012              25,967

2013              22,732

La reducción que ha habido en los últimos dos años, no solamente es muy pequeña, sino que ha quedado completamente opacada por los casos recientes de Tlatlaya y Ayotzinapan.

La medición en ambos casos es indispensable. Conocer cuántos pobres hay en el país o cuántos homicidios sucedieron son datos necesarios para la elaboración de las políticas públicas, pero al hablar de su evaluación, los datos resultan insuficientes. Tanto la evolución de la lucha contra la pobreza como la lucha contra el crimen organizado nos dice que las cosas están mal, pero cuesta trabajo seguir el camino de los resultados a los programas o políticas anunciadas.

Especialmente caótico resulta el caso de la seguridad, aunque algo similar se puede decir de varias políticas en el país. ¿Cómo calificar el diseño de una política que evidentemente no se lleva a cabo a pie juntillas?  Desde la discrecionalidad con la que se opera, la insultante corrupción, hasta la total impunidad de criminales y autoridades involucradas en los distintos casos complican evaluar el diseño de la política. En realidad, no sabemos qué es lo que sucede, andamos a oscuras y así no se puede hacer correcciones, por el simple hecho de que no tenemos una descripción de la realidad, mucho menos un diagnóstico.

Mientras no tengamos un estado de derecho, no podemos ni siquiera saber qué es lo (mucho) que estamos haciendo mal en temas tan importantes como estos, pero no solamente estos. Mientras no se haga cumplir la ley, ni se garantice la ejecución de nuestras políticas según lo planeado, hacer cambios en nuestras estrategias es hacer cambios ciegos y esperar llegar a una mejoría como el burro que tocó la flauta.